Separaciones y divorcios por mutuo acuerdo ante notario en el anteproyecto de Ley de jurisdicción voluntaria

Su elogio, no exento de crítica

Publicado el Mar. 1, 2014 en Revista de Derecho Privado 02/2014

Formatos disponibles:

PDF: 5,00 €


Información detallada:

Descripción

En el presente trabajo, su autor realiza un estudio crítico del divorcio amistoso actualmente previsto en el anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria, que finalmente ha presentado el ministerio de justicia, después de que el autor de este mismo artículo propusiera «de lege ferenda» tal reforma, como una exigencia constitucional, en un trabajo publicado en el último número de esta misma revista en 2011. su autor retoma el tema para elogiar los aciertos del anteproyecto y proponer posibles enmiendas de lo que él considera pueden ser errores, que aún se está a tiempo de corregir.


Índice

I. Las crisis matrimoniales consensuadas ante notario: entre su oportunismo político y su exigencia constitucional. II. Aciertos, y algunos desaciertos, de las separaciones y divorcios amistosos ante notario según el anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria: 1. El acierto del anteproyecto en equiparar la libertad de casarse con la de divorciarse por mutuo acuerdo, como reversos de una misma moneda. La acertada libertad de elección entre la vía judicial y la notarial, y la necesidad de precisar la libre elección de notario. 2. La acertada contribución del notario en la celeridad y economía del divorcio amistoso —sin su necesario encarecimiento—, y en la conveniente descongestión, en general, en la función judicial. 3. El acierto de instrumentalizar el divorcio amistoso mediante escritura pública, como expresión de un control heterocompositivo y público de legalidad y seguridad jurídica. 4. La homologación en el divorcio notarial previsto, con sus luces y sombras, en el anteproyecto como un acto de jurisdicción voluntaria, no estrictamente jurisdiccional de «juzgar y hacer cumplir lo juzgado»: 4.1 La acertada previsión del divorcio por mutuo acuerdo como un acto de jurisdicción voluntaria, cuya atribución competencial al notario es pura cuestión de política legislativa: la acertada combinación del notario como control público y como asesor neutral. 4.2 El objetable alcance conferido en el anteproyecto al poder de control del notario: la necesidad, una vez más, de equiparar el control judicial y el notarial. 4.3 Entre la valentía y la impru- dencia política: el acierto —técnico-jurídico y económico— del anteproyecto en la previsión como voluntaria de la intervención de abogado (y de mediador).– 5. Y la última —posible— objeción al anteproyecto, como cuestión de política legislativa: la necesaria protección de los hijos, en su caso, salvable con la imprescindible intervención del ministerio fiscal, concurrente con la del notario.



Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitar la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso.
aceptar más información