I. Introducción.

II. El deber general de seguridad de los bienes y servicios.

1. La seguridad de un producto de acuerdo a un elevado nivel de protección del consumidor.

2. Los riesgos admisibles que debe soportar el consumidor.

3. La protección de la salud y la seguridad de las personas en la jurisprudencia.

III. El deber de informar a los consumidores sobre los riesgos de los bienes o servicios.

1. El deber de los empresarios de poner en conocimiento de las personas consumidoras los riesgos normales y previsibles.

2. El incremento de información en el caso de los productos químicos y peligrosos: Deberes específicos que se imponen a los empresarios.

3. El deber de informar a los consumidores de los riesgos de los bienes y servicios en la jurisprudencia.

IV. Otros deberes legales atribuidos a los empresarios para garantizar la seguridad de los productos.

1. Las prohibiciones impuestas a los empresarios para garantizar la protección de la salud y seguridad de los consumidores.

2. El resto de deberes específicos atribuidos a los empresarios.

V. La regulación de la seguridad en los productos.

1. El establecimiento del contenido mínimo de los reglamentos.

VI. La actuación de las administraciones públicas en aras a proteger la seguridad de los bienes y servicios.

1. Medidas administrativas de reacción para garantizar el deber general de seguridad: el principio de cautela.

2. La información que deben proporcionar las Administraciones Públicas a los consumidores afectados.

3. Sistemas de comunicación entre los órganos administrativos españoles y las instancias comunitarias: la red de alerta.

VII. La constitución de un órgano nacional en situaciones de urgencia y necesidad que afecten a varias CCAA.

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  Adoración Mª Padial Albás

  Profesora Titular de Derecho Civil en la Facultad de Derecho y Economía de la Universitat de Lleida