Prólogo de Protección de los consumidores e inversores, arbitraje y proceso

En España estamos asistiendo a un período de reformas encaminadas a un objetivo común, cual es la protección de los consumidores y usuarios. Esta línea que se inicia en la Constitución Española de 1978 se materializa con la promulgación de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios de 1984, en la cual se realizaba una declaración de principios dirigidos tanto a los consumidores, como a los poderes públicos con el fin de recoger una realidad que podía ser fuente de continuos conflictos. La Exposición de Motivos de la Ley establecía como principios básicos, el establecimiento de procedimientos eficaces para la defensa de los consumidores y usuarios; la regulación de un marco legal adecuado para fomentar el fenómeno asociativo en esta materia; y la declaración de principios, criterios, obligaciones y derechos en defensa de consumidores y usuarios, los cuales serán tenidos en cuenta por los poderes públicos.