Capítulo publicado en: Marco jurídico y social de las personas mayores y de las personas con discapacidad

Panorámica general sobre las políticas de fomento del empleo dirigidas a trabajadores discapacitados: ¿empleo protegido versus empleo ordinario?

María del Carmen Grau Pineda

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Pese a que la integración laboral de las personas con discapacidad no sólo es favorable para los propios discapacitados, sino que, mucho más allá del ámbito personal, la promoción de la participación de estas personas en la sociedad presenta múltiples efectos beneficiosos desde el punto de vista social y económico, el mercado de trabajo es buena muestra de una «cierta ceguera» hacia la capacidad productiva de éstos.

El modelo español de intervención pública a favor de la integración laboral de las personas con discapacidad intenta, y ha intentado, conjugar dos líneas de actuación no siempre conciliables entre sí. De un lado, se pretende proteger unos derechos mínimos de las personas con discapacidad, protección que debe efectuarse de un modo si cabe más estricto por el hecho de que, dadas las dificultades de acceso y mantenimiento en el empleo, estos trabajadores pueden ser víctimas de un mayor grado de precariedad laboral. De otro, tanto los prejuicios como las dificultades que genera el empleo de las personas con discapacidad pueden aconsejar la introducción de mecanismos de mayor flexibilidad sea en el acceso al empleo sea en las condiciones de trabajo. Se trata de evitar, así, que la rígida protección de unos derechos mínimos impida la inserción de los mismos en el mercado de trabajo