Capítulo publicado en: Derecho Administrativo e integración europea

Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional acotaciones sobre una incidencia reciente

Antonio Jiménez-Blanco Carrillo de Albornoz

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El auto de la Sala Tercera, sección Tercera, de 23 de febrero de 2016

Como es notorio, la Constitución de 1978 dejó subsistente al Tribunal Supremo de 1812, pero le yuxtapuso (a su lado o arriba, según se mire) un nuevo órgano jurisdiccional, el Tribunal Constitucional, competente, según el Art. 161.1, para conocer, entre otras cosas, “del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley” –a)- y también –b)- “del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de esta Constitución, en los casos y forma que la Ley establezca”. Lo cual a su vez es lo que explica que el Art. 123, dedicado al Tribunal Supremo, “con jurisdicción en toda España”, declare, sí, que “es el órgano jurisdiccional superior en todas las órdenes”, pero con una importante puntualización: “salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”.

Ambos Tribunales llevan conviviendo mucho tiempo: desde que, a comienzos de 1981, el segundo de ellos comenzara a dictar Sentencias. Hace treinta y cinco años cuando, en la primavera de 2016, estas líneas se escriben. Toda una vida. Y no será de extrañar que, a lo largo de ese tiempo, a la relación le haya sucedido lo típico de los viejos matrimonios: que haya tenido altibajos.