Capítulo publicado en: Derecho Administrativo e integración europea

La ejecutividad de las sanciones tras la nueva ley de procedimiento administrativo común

Manuel Rebollo Puig

PDF

14,00€

Comprar

Se dudó tras aprobarse la Constitución si la inmediata ejecutividad de los actos administrativos (regla tradicional de nuestro Derecho que mantiene el art. 98.1 LPAC) y su no suspensión por la mera interposición de recursos contra ellos (regla que asimismo reitera el art. 117.1 LPAC) podía predicarse también de los que impusieran sanciones o si esto era contrario al derecho a la presunción de inocencia; dicho de otra forma, si este derecho conducía a negar la ejecutividad de las sanciones hasta que fuesen definitivamente firmes. El debate se zanjó por el TC con una respuesta negativa: el derecho a la presunción de inocencia no se consideró incompatible con la inmediata ejecutividad de las sanciones2. Aun así, el legislador optó por no dar a las sanciones el mismo régimen de ejecutividad inmediata que al resto de los actos administrativos y por retrasarla a un momento posterior3, aunque no el de su firmeza definitiva sino uno intermedio: ni desde que se dictan (regla general de ejecutividad de los actos administrativos) ni desde que devengan definitiva y completamente firmes (solución que es la que rige para las sentencias penales condenatorias).