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Garantía de la unidad de mercado y entropía del Estado autonómico

Capítulo publicado en: Derecho Administrativo e integración europea

Garantía de la unidad de mercado y entropía del Estado autonómico

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Análisis de la “garantía de la unidad de mercado”, con especial atención a lo que constituye el núcleo de la unidad de mercado (el libre establecimiento y circulación de los operadores económicos en todo el territorio nacional), así como la principal técnica instrumental que dicha regulación pone al servicio de estas libertades ( la eficacia nacional de la intervención de las entidades infraestatales sobre el acceso y ejercicio de actividades económicas), para después abordar la crítica de tales previsiones con una consideración de conjunto del marco institucional resultante. He de decir, en fin, que como la Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado, ha sido objeto ya de una variada consideración.

I. INTRODUCCIÓN

II. LA LEY DE GARANTÍA DE LA UNIDAD DE MERCADO: OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y TÉCNICAS PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS

III. PRINCIPIOS DE GARANTÍA DE LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y DE LA LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

IV. LAS LLAMADAS GARANTÍAS AL LIBRE ESTABLECIMIENTO Y CIRCULACIÓN: LIBRE INICIATIVA ECONÓMICA Y RESTRICCIÓN DE LA
INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA

V. EL PRINCIPIO DE EFICACIA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL Y LA SUPERVISIÓN DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS

VI. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE LOS OPERADORES ECONÓMICOS Y OTROS MECANISMOS ADICIONALES

1. El procedimiento especial de reclamación (fase administrativa)

2. El procedimiento especial en la fase contencioso-administrativa

3. Mecanismos adicionales para la eliminación de obstáculos y barreras

VII. LA LGUM COMO INTENTO DE RECONDUCCIÓN A UNIDAD Y SUS QUIEBRAS

1. La regulación básica para la unidad de mercado y la distribución de competencias

2. La mixtificación de los principios para la unidad de mercado

3. Las quiebras del sistema de eficacia nacional

4. Excesiva confianza en la cooperación entre Administraciones y organismos públicos

5. La complejidad de los mecanismos de protección de los operadores económicos

VIII. CONCLUSIÓN