Capítulo publicado en: La legitimación en los procesos constitucionales

El Tribunal como juez de la constitucionalidad de la Ley

Ignacio Torres Muro

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El control de la constitucionalidad de las normas es, sin duda, la competencia «estrella» de las jurisdicciones constitucionales, la que prácticamente justifica su existencia, y la que no puede faltar si estamos hablando de un fenómeno de este tipo. Es por eso que, en sus diferentes manifestaciones, el problema de decidir quien activa los mecanismos que sirven a la misma es uno de los más importantes que se plantean, cuando de instituir y desarrollar un sistema de justicia constitucional se trata. La cita de Kelsen que abre este trabajo no es gratuita, puesto que de la solución que se les de a estos dilemas depende en gran parte el diseño general de todo el entramado destinado a controlar la constitucionalidad de las normas.

Buena prueba de que esto es así es que ha bastado, a veces, con una supuestamente ligera modificación en el terreno de los sujetos legitimados, para provocar un cambio global en el funcionamiento, y en la realidad, de la jurisdicción de este tipo en un determinado país, como veremos que sucedió en Francia cuando se añadieron, al grupo de autoridades que podían plantear la revisión de la constitucionalidad de las normas, las agrupaciones de 60 diputados o 60 senadores. La polémica, en esa misma nación, sobre la posibilidad de introducir una especie de cuestión de inconstitucionalidad, está también basada en la conciencia de que un cambio tal volvería a revolucionar la vida institucional francesa, de modo que este, y otros muchos ejemplos que tendremos ocasión de comentar en las páginas que siguen, convencen de que, como ya hemos dicho, la tarea de fijar quienes son los sujetos legitimados para abrir los diferentes procesos de control de constitucionalidad no es precisamente un tema baladí. Todo lo contrario.